Cuba Derechos Humanos

El debate que Cuba merece

El debate que Cuba merece
JUAN ANTONIO BLANCO | Miami | 19 Jun 2015 – 6:40 am.

Washington debería comprender que no puede ni debe intentar sustituir a
los actores del cambio: los cubanos.

Los intercambios sobre Cuba insisten en aportar respuestas dudosas a
interrogantes erradas. Para muchos solo hay dos posturas: a favor o en
contra de las declaraciones de Obama y Raul Castro el 17 D. Los matices
sobran… y molestan. Sin embargo, el reto del analista es explicar cosas
complejas en un espacio limitado. No para imponer un criterio, sino para
contribuir a ampliar los horizontes de la conversación.

Comencemos por una premisa insoslayable. La Historia —en especial a
corto y mediano plazos— no tiene un sentido lineal ni obedece a una
lógica predeterminada. Nada es “impensable” y nadie puede prever todas
las consecuencias de una opción política o personal.

¿Del “fatalismo geográfico” al determinismo del mercado?

Se equivocaron quienes supusieron que el comunismo no podría jamás
imponerse en un país próspero situado a 90 millas de EEUU y en pleno
apogeo de esa superpotencia. Erraron también los que creyeron inevitable
la caída de Castro después del derrumbe de la URSS. Y ahora la idea de
que la lógica del mercado traerá inexorablemente la democracia es una
apuesta aun más riesgosa que las dos anteriores. Tanto, que sospecho que
muy pocos de quienes la usan para defender a ultranza los acuerdos del
17 D creen realmente todo lo que dicen. Transitar intelectualmente del
determinismo geográfico al del mercado es realmente patético. Pero eso
es hojarasca. El 17 D no responde a una estrategia de promoción de
derechos humanos, sino a una interpretación de cómo proteger los
intereses de seguridad nacional de EEUU. Es desde esa perspectiva que
debe ser asumido su debate.

La Habana —con agentes tan eficientes como su espía Ana Belén Montes,
sembrada en el Pentágono— había logrado persuadir a Washington en tres
puntos claves: a) Cuba no representa un peligro ni debe ser objetivo
priorizado de la política exterior; b) el único desafío significativo
que presenta el régimen cubano es su inestabilidad interna, que pudiera
llegar a provocar un éxodo masivo o una situación de violencia que
arrastraría a EEUU —por presiones de su política doméstica— a una
intervención humanitaria; y c) si el régimen implosionara la Isla caería
inevitablemente en manos del crimen organizado. Estos, cuando menos,
debatibles presupuestos son los cimientos intelectuales de una nueva
política dirigida a facilitar, deliberadamente, que los militares
cubanos se estabilicen en el poder. Procurar “estabilidad” es la esencia
de la lógica detrás del 17 D.

Asentada esa premisa en los círculos más cercanos al presidente Obama,
la Casa Blanca puso en marcha un plan de negociaciones secretas a
mediados de 2013 que compartimentaría, no solo a los demás poderes del
Estado, sino incluso al resto de las agencias del poder ejecutivo. Una
vez alcanzados los acuerdos básicos con la parte cubana, la burocracia
recibió la orden de planificar su implementación, elaborar una narrativa
que los legitimara y construir alianzas políticas, empresariales y
mediáticas para impulsar la nueva política.

La terca realidad

Los promotores del 17 D prefieren ignorar todo dato que ponga en duda lo
acertado de la línea trazada. Cualquier asomo de enfoque crítico es
ripostado con pasional vehemencia. Pero algunos hechos son tercos.

Uno es que el Gobierno cubano, hasta el presente, no ha permitido a los
emprendedores aprovechar la oferta de comercio directo y facilidades de
todo tipo que ahora les ha ofrecido EEUU.

Ese sector no-estatal no está cubierto por las sanciones del embargo,
porque antes simplemente no existía. Las sanciones están por definición
dirigidas contra la economía estatal cubana, que entonces era casi el
100%. El presidente Obama hizo uso de esa realidad para tender un puente
favorable al desarrollo del sector no estatal. ¡Muy bien! El problema es
que La Habana solo está interesada en aprovechar el momento psicológico
actual para atraer inversionistas y créditos hacia la economía estatal,
en especial hacia aquel segmento (casi un 70%) controlado directamente
por los militares.

Por su parte, la prensa internacional, por lo general, prefiere destacar
en sus titulares cada delegación de empresarios que viaja a reunirse con
el Gobierno cubano, antes que monitorear si han sido levantadas las
restricciones internas al sector no estatal para que pueda beneficiarse
del 17 D.

El otro hecho inconveniente es que desde el 17 D se han multiplicado las
salidas legales e ilegales del país. En una sociedad “estable”, pero sin
alternativas de prosperidad, la única que existe es irse a otra parte.
La mayoría de los cubanos apoyan los pasos de Obama, pero al transcurrir
los meses corroboran que los cambios internos positivos que su nueva
política hacia Cuba puede potencialmente facilitar, no se materializan.
Lo impide el bloqueo… del Partido Comunista.

Los jóvenes prefieren emigrar. Pese a que por su corta edad dispondrían
de más tiempo para ello, no esperarán “el nuevo amanecer” que auguran
los que ponen su esperanza en el deshielo entre los dos países. No se
trata solo del apuro ante los rumores de que el acceso migratorio de los
cubanos a EEUU se hará más difícil. El silencioso pero masivo éxodo en
marcha es un veredicto sobre la nula credibilidad administrativa del
Gobierno cubano, con o sin embargo. Los recursos antes proporcionados
por la URSS o Venezuela —y los que en lo adelante puedan provenir de
EEUU— no alcanzan para construir una sociedad próspera bajo la elite de
poder con el peor historial administrativo en la era moderna.

La visión idílica de las “reformas de Raúl” que venden no pocos medios
de prensa extranjeros, no se corresponde con los masivos flujos
migratorios cubanos que se mueven en dirección inversa al de los
turistas ansiosos por conocer “la isla prohibida”.

La inestabilidad y sus peligros tienen matriz nacional

La motivación real detrás del 17D, ubicada en el marco de la seguridad
nacional, pudiera también frustrarse. La pretendida política de
estabilización puede terminar incentivando la desestabilización. La
causa de ese problema radica en su falsa premisa: la raíz de la
inestabilidad interna no es el embargo estadounidense. Lo que hoy
potencia el éxodo interno e internacional y empuja gradualmente a
sectores de la población a involucrarse en actividades delictivas para
subsistir es el bloqueo —férreo y persistente— del Gobierno cubano a las
capacidades creativas de la ciudadanía al coartar sus libertades
básicas. Prevenir una crisis de envergadura en la Isla no se logra
consolidando el régimen de gobernabilidad existente porque es de él que
emana el caos.

Un régimen no es el conjunto de personas que constituye el gobierno de
un país sino el sistema operativo de su gobernabilidad. El régimen que
resulta imprescindible cambiar en Cuba es el conjunto de instituciones,
normas y valores que por más de medio siglo ha distribuido cuotas de
poder, recursos y riquezas. Un cambio de líderes que no suponga un
cambio de ese régimen de gobierno seria intrascendente. Lo decisivo en
el futuro inmediato de Cuba no va a ser la edad del grupo dirigente que
eventualmente sustituya al actual en la próxima década, sino sus ideas,
conducta y el modo en que el régimen para entonces vigente les permita
controlar y ejercer el poder.

El régimen que hoy existe —y todavía arrastra el totalitarismo primitivo
de su ADN soviético— ha dado ya todo de sí y no puede ser el sistema de
gestión de la gobernabilidad, ni siquiera bajo una modalidad
autoritaria, en el nuevo mundo globalizado por esta era digital digital
con economías de conocimiento del siglo XXI. La Cuba 1.0 nacida el 20 de
mayo de 1902 fue desplazada en 1959 por la Cuba 2.0 de los hermanos
Castro. Es un sistema operativo ya obsoleto que insisten usar a base de
agregarle parches. Pero el advenimiento de la Cuba 3.0 es inevitable. El
asunto en discusión es bajo cuál de sus posibles modalidades,
democrática o autoritaria, se va a materializar. De manera conspicua
algunos importantes promotores del 17D han proclamado sotto voce su
voluntad de coexistir e invertir en una Cuba 3.0 de capitalismo de
Estado autoritario.

Pero la consolidación de un futuro régimen de capitalismo de Estado
autoritario no ofrecería seguridad a los intereses de EEUU. Mucho menos
cuando los dirigentes cubanos y sus más probables sustitutos no han
cambiado de mentalidad ni conducta en política exterior e insisten en
tejer alianzas con países y potencias con regímenes de similar
orientación en América Latina, Europa, África y Asia enfrentados a
Washington.

Embargo: ¿estrategia o herramienta de una política?

El embargo no fue concebido como una doctrina permanente y rectora de
las relaciones bilaterales entre EEUU y Cuba, sino como herramienta
complementaria de la política de turno hacia la Isla. Más allá de
constituir la primera respuesta punitiva por las nacionalizaciones no
compensadas de las propiedades estadounidenses, pronto derivó en
instrumento complementario de una estrategia dirigida a “revertir” el
Gobierno de los hermanos Castro (roll-back) y luego a “contenerlo” en
sus fronteras (containment).

El hecho es que —si se revisa esta historia de manera desapasionada—
ninguna de las dos estrategias —roll back o containment— dio resultado.
Los hermanos Castro continuaron en el poder y mantuvieron su
intervencionismo en varios continentes, hasta que la Perestroika y la
caída de la URSS hicieron difícil y finalmente imposible ese tipo de
intervención en los asuntos de otros países. La injerencia cubana, lejos
de ser abandonada, asumió nuevas y más eficaces modalidades hasta hoy.

Pero tampoco funcionaron dos décadas del llamado “compromiso
constructivo” de Canadá y la Unión Europea nacida desde la caída de la
URSS. Tan pronto se abrió la perspectiva de obtener nuevos subsidios de
Venezuela, La Habana revirtió todos los pequeños espacios que había
comenzado a tolerar en la economía o el debate intelectual. Ninguno de
los dos enfoques logró modificar la mentalidad y conducta de la elite de
poder cubana. Sus líderes siguen ralentizando los cambios internos
(incluso hacia un modelo de capitalismo de Estado autoritario) y
tejiendo alianzas con gobiernos agresivos como los de Corea del Norte y
Rusia.

Entonces, ¿qué hacer?

Si a continuación este analista dedica algún espacio a buscar posibles
respuestas a esa interrogante es porque, al igual que a muchos, lo
abruma la pobreza intelectual que permea muchos de los actuales debates
sobre la política hacia Cuba. La confrontación bipolar embargo sí o no
está lejos de encerrar todas las opciones.

La promesa olvidada del 17 D

Quizás lo más importante sería que Washington comprendiese que no puede
ni debe intentar sustituir a los actores del cambio: los cubanos. EEUU
puede facilitar la creación de un contexto favorable para que sean ellos
los que vean con claridad que el único muro que los separa de sus
aspiraciones es el interno. Pueden por ello coexistir, en sinergia
positiva, dos políticas paralelas: una hacia el Estado cubano y otra
hacia la ciudadanía y su diáspora.

Lo apropiado es generar una nueva visión estratégica que vaya más allá
de aquellas antes fracasadas del roll back, containment y constructive
engagement. El 17 D no lo logra. Nació plagado de inconsistencias. Sin
embargo, contiene elementos novedosos y prometedores que deben ser
reconocidos y rescatados de la confusión conceptual que hoy prevalece y
del temprano olvido al que ya están siendo sometidos.

El primer paso en una dirección más prometedora podría ser la
incorporación de la receta de Raúl Castro al ritmo del deshielo
estadounidense: “Sin pausa, pero sin prisa”.

No sería descabellado que los legisladores estadounidenses acordasen una
“pausa” a las concesiones unilaterales de Washington para dar un margen
de tiempo a que sean correspondidas por La Habana. Es hora de que usen
el espacio que el 17 D ha creado para que permitan al pueblo cubano
beneficiarse de él. No se trataría de reclamar concesiones de Cuba hacia
EEUU sino hacia los ciudadanos cubanos y que coinciden con los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos que ya ha suscrito ese gobierno.

Antes de dar nuevos pasos por el lado estadounidense, el Gobierno cubano
debería iniciar otros en asuntos tales como permitir, al igual que a los
inversionistas extranjeros, la participación de los cubanos y su
diáspora en todos los sectores de la economía nacional y que el sector
no estatal de la Isla pueda comerciar y sostener transacciones
económicas directas con EEUU, lo cual ya ha sido autorizado por el lado
estadounidense. Otras cuatro demandas no menos importantes serían,
autorizar y facilitar el pleno acceso ciudadano a Internet
(indispensable para el desarrollo económico en la era digital),
garantizar la libertad de movimiento nacional e internacional de todos
los cubanos (a cientos de miles se les sigue negando la entrada al país
mientras que a unos dos millones se les restringe a un permiso de visita
con tiempo limitado) y respetar la libertad de creación y expresión. En
lógica consecuencia con ello, debería también poner fin a la violencia
política y detenciones arbitrarias contra disidentes y opositores.

Si el Gobierno cubano insiste en que antes de considerar siquiera uno de
esos pasos se debe levantar el embargo a la economía estatal puede
respondérsele que tiene en sus manos una solución inmediata para
eliminarlo. Toda empresa que fuese traspasada al sector no estatal de la
economía quedaría automáticamente fuera de las sanciones económicas
vigentes ya que ellas fueron desde un inicio dirigidas contra el sector
estatal. En otras palabras: la clave y el ritmo del cese de las
sanciones estadounidenses a las empresas cubanas radicaría en la
voluntad reformista real del Gobierno en la Isla. En esas
circunstancias, podría decírsele a aquellos que desean que el embargo
termine que eso ya es técnicamente posible, pero deben dirigir sus
demandas a La Habana, no al Congreso de EEUU. Es allí donde deben
ejercer su presión.

Pero como nadie es tonto, el proceso de privatización tendría que
realizarse en primera instancia a favor de quienes trabajan en esas
instituciones aunque ellos podrían luego vender sus acciones si así lo
desearan. Esa política haría difícil encubrir una arbitraria “piñata”
cubana en favor de los militares y miembros de la elite de poder que un
decreto de simple privatización facilitaría. El tema de las
indemnizaciones a propiedades estadounidenses confiscadas sin
compensación podría dársele solución con fondos especiales creados a ese
fin y/o haciéndolos accionistas principales de sus antiguas empresas si
aun existieran y eventualmente tuvieran todavía interés en ellas.

EEUU podría de este modo asumir de inmediato el papel de defender los
intereses de los trabajadores cubanos que, con su apoyo, tendrían la
posibilidad de transformarse en accionistas de sus actuales centros
laborales. Para aquellos que en Washington se oponen a suscribir
tratados de libre comercio por el impacto negativo que pueden tener en
trabajadores sin derechos de sindicalización independiente —como ocurre
a los cubanos que hoy laboran para contratistas extranjeros— esa pudiera
ser una fórmula noble a apoyar.

Las sanciones económicas todavía vigentes contra las empresas estatales
cubanas —conjuntamente con las medidas de apertura que ha hecho el
presidente Obama hacia el sector no estatal— pudieran entonces redefinir
su propósito del siguiente modo: “Actuar como incentivo y facilitador de
reformas en la estructura de propiedad empresarial de la sociedad
cubana, dirigidas a empoderar al sector no estatal emergente y a
fortalecer la autonomía y libertades básicas de todos los ciudadanos”.
Esa sería una descripción de objetivos adecuada para una nueva política
hacia Cuba en la que las sanciones e incentivos sean sus herramientas
subsidiarias.

Sin embargo, al final, este es un asunto que corresponde dilucidar al
Gobierno y la sociedad de EEUU. Por su parte, los cubanos debieran tener
presente que las soluciones no vendrán de Washington ni de Bruselas, por
buenas que puedan ser ocasionalmente las decisiones que emanen de allí.

¿Dialogar con Washington y Bruselas o con los cubanos en La Habana?

Lo que hoy está en juego es el destino de la sociedad cubana en la era
digital y la economía de conocimiento en un mundo globalizado. No solo
está en juego el destino de las generaciones presentes, sino la pobreza
o prosperidad de las futuras.

Ese es un tema demasiado sensible para ser delegado a actores
extranjeros que —con entera justicia— lo han de enfocar desde su propia
óptica e intereses nacionales. Algunas de sus decisiones pueden
contribuir a estabilizar y consolidar un proceso de transformaciones
hacia un régimen de Capitalismo Militar de Estado. El pueblo cubano no
ha sido ni va ser consultado acerca de si esa opción, ultimada entre
actores foráneos y la elite de poder cubana, es la que realmente anhela.
Pero el enfoque elitista, opaco y no democrático, del proceso de
decisiones sobre el porvenir nacional ha sido una constante compartida
en este proceso de negociaciones por los dirigentes cubanos y sus
interlocutores.

El Gobierno cubano lleva más de medio siglo conversando y negociando
asuntos que afectan a ese país exclusivamente con interlocutores
extranjeros. El verdadero debate sobre el futuro de Cuba debe
trasladarse de Washington y Bruselas a la Isla. Los interlocutores deben
ser todos cubanos. Ya es hora. Lo que esa nación merece y requiere es
poder sostener su propio debate nacional —incluyente, libre y
pluralista— para decidir sus opciones y labrarse por sí misma el porvenir.

El papel más prometedor que pudieran asumir hoy los gobiernos
extranjeros y el propio Papa Francisco es contribuir de manera creativa
a que los cubanos —sin mordazas y en igualdad de condiciones— puedan
finalmente dar inicio a ese diálogo nacional. El lugar para hacer esa
contribución es La Habana. Allí están los principales actores de este
conflicto endógeno del que la URSS, EEUU y Venezuela han sido las
principales expresiones externas de su internacionalización.

Propaganda y política

Desde el 17D se ha fortalecido la ya debilitada narrativa oficial de La
Habana de que los problemas que aquejan a la sociedad de la Isla se
deben al conflicto entre Cuba y EEUU. Esa siempre ha sido una persuasiva
falacia que por demasiado tiempo muchos creímos y a la que casi ningún
cubano daba ya crédito en la víspera del 17 D.

La gente ya sabía que sus problemas tenían sobre todo una matriz
nacional. El principal muro a derribar, ahora se comenzaba a ver con
claridad, estaba en casa y era un producto cubano. Se abría paso la
comprensión de que el embargo total a las fuerzas productivas y
creatividad nacional provenía de la Plaza de la Revolución.Y en eso vino
el 17D con su mea culpa unilateral. La unilateralidad en asumir toda la
responsabilidad por lo sucedido estos años ha resultado más dañina, al
revivir las falsas percepciones de la propaganda oficial, que la
unilateralidad de las concesiones económicas.

Washington debe argumentar mejor su nueva política y presentar con mayor
trasparencia sus verdaderos propósitos si no desea seguir inyectando
nueva vida a las falsas percepciones fabricadas por la propaganda de La
Habana.

Este debate no es una pelea de niños en el patio de la escuela a ver
quién gana, aunque a menudo lo parezca. Las consecuencias de lo que
finalmente se decida en Washington sobre estos temas serán de muy largo
alcance para los cubanos, pero también para EEUU.

Source: El debate que Cuba merece | Diario de Cuba –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1434638143_15229.html

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