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Una víctima pide a Venezuela, Argentina, Cuba y México que no den asilo a etarras

Remite una carta a sus mandatarios

Una víctima pide a Venezuela, Argentina, Cuba y México que no den asilo
a etarras

-Ramona Garrido remite una carta a los mandatarios de estos cuatro países
– Es la vidua del empresario José María Latiegui, asesinado en 1981
– El crimen fue declarado prescrito por la Audiencia Nacional
Europa Press | Madrid
Actualizado domingo 11/12/2011 17:30 horas

La viuda de un asesinado por ETA ha enviado una carta a varias embajadas
de países iberoamericanos para recordar a sus dirigentes que los
"crímenes contra la humanidad" cometidos por miembros de la banda
impiden que reciban asilo fuera de España.

Estas cartas han sido remitidas por Ramona Garrido, viuda del empresario
José María Latiegui, que fue asesinado por ETA el 14 de abril de 1981 en
Usurbil (Guipúzcoa) y su crimen ha sido declarado prescrito.

En concreto, las misivas han sido enviadas a las embajadas de México,
Venezuela, Cuba y Argentina en Madrid. Asimismo, también han sido
remitidas a más de 30 autoridades nacionales de los citados países,
entre los que se encuentran sus cuatro dirigentes: Cristina Fernández
(Argentina), Hugo Chávez (Venezuela), Raúl Castro (Cuba) y Felipe
Calderón (México).

Garrido solicita que abran juicios penales allí donde estén miembros de
ETA que hayan cometido crímenes contra la humanidad para que "se
verifique hasta donde llega su responsabilidad en la persecución de
miles de personas en el País vasco, con casi 1.000 asesinados, 4.000
personas perseguidas con escolta y 250.000 personas forzadas a abandonar
esta comunidad".

El texto incluye una petición de reunión con los embajadores para
explicar "personalmente" esta solicitud, antes de entrar en contacto con
la comisión interamericana de Derechos Humanos en Washington y con la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica.

Además, Garrido tiene previsto también contactar con Cabo Verde, otro
país en una situación similar a los anteriores, pero sujeto al sistema
africano de Derechos Humanos.

El experto en Derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez, quien
ha preparado los textos jurídicos remitidos, ha apuntado que la
Convención de Ginebra incluye esta prohibición de asilo en el artículo
1.F y, en caso de no cumplirlo, se incurriría en "graves
responsabilidades internacionales".

En esta misma línea, también incide en que se "violaría directamente" la
Declaración sobre el asilo territorial de 1967. En la carta, el abogado
estima que, a día de hoy, hay más de 200 criminales huidos relacionados
con la banda terrorista.

El abogado ha puesto como ejemplo el caso del general iraquí Yunes
Allami, al que se le denegó el derecho de asilo por existir motivos
fundados para considerar que había podido cometer delitos contra la
humanidad o de guerra.
Crimen prescrito

En noviembre de 2009 la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento
libre de la causa que instruía contra Zurutuza por el asesinato de
Latiegui, al considerar que había transcurrido el plazo de prescripción
de 20 años contemplado en el Código Penal de 1973, vigente en el momento
en que se produjeron los hechos.

Así constaba en un auto dictado por la Sección Primera de la Sala de lo
Penal en el que admitía, a petición de la defensa del etarra y en contra
del criterio de la Fiscalía, la prescripción del delito de asesinato
terrorista por el que Zurutuza podría haber sido condenado a entre 26 y
30 años de cárcel.

La resolución, que contó con el voto particular discrepante del juez
Javier Gómez Bermúdez, se basa en el principio de que la prescripción de
"un delito comienza a correr desde el día que se hubiese cometido" y
sólo se interrumpe en el momento en el que "el procedimiento se dirige
contra el culpable".

En este caso, Zurutuza fue procesado el 25 de octubre de 1982 aunque, a
pesar de las gestiones realizadas por la Justicia española, Francia no
acordó su extradición hasta el 22 de septiembre de 2005. En ese periodo,
según la Fiscalía, la Audiencia Nacional solicitó la práctica de varias
diligencias relacionadas con Zurutuza (1986), recibió una comunicación
de Interpol París sobre su posible detención (1995) y dictó un auto de
prisión y otro de modificación del procesamiento (1995).

Sin embargo, las magistradas Teresa Palacios y Carmen Paloma González
defendieron que "ninguno de los referidos escritos tiene el efecto
interrutivo alegado" porque las diligencias solicitadas a Francia se
referían a otro procesado (el también etarra Primitivo Alfonso Portilla
Martínez) y no consta que Zurutuza fuera detenido en el año 2002.

No es ésta, sin embargo, la opinión del juez Gómez Bermúdez, quien
destacó que la mayoría de la Sala obvia una providencia dictada en 1987
en la que se ordenaba el archivo provisional de la causa, por lo que la
prescripción debería empezar a contar, a su juicio, desde ese momento,
por lo que no habría alcanzado el máximo de 20 años.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/11/espana/1323620888.html

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