Cuba Derechos Humanos

Leyes cubanas favorecen arbitrariedad

Leyes cubanas favorecen arbitrariedad
Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, septiembre (www.cubanet.org) – Son muchos los que
afirman que los agentes del Ministerio del Interior no necesitan
autorización judicial para citar oficialmente a un ciudadano. Sin
embargo, la Ley de Procedimiento Penal, aprobada por el Parlamento
cubano en 1977, establece que esta diligencia se practica "por medio de
cédula expedida por el secretario", un funcionario del tribunal.

La citación oficial tiene como objetivo aclarar o comprobar un hecho
delictivo en investigación. Sin embargo, agentes del Departamento de
Seguridad del Estado la utilizan para "entrevistarse" o "definir la
situación" de periodistas independientes, activistas de derechos
humanos, blogueros y opositores políticos. En la generalidad de los
casos, no cumplen los requisitos legales exigidos.

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para
la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante
resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos
de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la
respectiva cédula de citación.

El proceso debe garantizar que los ciudadanos no sean molestados
innecesariamente. De hecho, en la práctica, ninguna autoridad cumple
este requisito legal. Aun cuando la propia ley deja bien claro que: "son
nulas las citaciones que se practiquen sin observar lo dispuesto".

No obstante, el propio precepto aclara que, si la persona citada muestra
conformidad con la misma, esta surtirá todos sus efectos, como si se
practicara según lo establecido en la ley. Los ciudadanos desconocen
este particular. En la generalidad de los casos aceptan como validas
citaciones ilegales.

El hecho debilita la concepción del Estado de Derecho, que exige a las
instituciones estatales someterse, a la hora de ejercer el poder, a
formas jurídicas preestablecidas, por los representantes políticos de la
sociedad (en Asamblea Nacional) y controladas por los tribunales.

En este caso, la Ley de Procedimiento Penal ofrece impunidad a los
órganos estatales ante sus propias acciones. Favorece, además, la
arbitrariedad de los que tienen la obligación de velar por el
cumplimiento de la legalidad.

http://www.cubanet.org/CNews/year2010/sept2010/13_C_1.html

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