Cuba Derechos Humanos

INICIATIVA PRIVADA Y PROPIEDAD PRIVADA

INICIATIVA PRIVADA Y PROPIEDAD PRIVADA
16-09-2010.
Elías Amor Bravo
Economista ULC

(www.miscelaneasdecuba.net).- Las reformas introducidas en la economía
cubana por el régimen castrista siguen atrayendo la atención de los
medios de comunicación, analistas y la opinión pública, en general.
Básicamente, porque suponen un estímulo a la actividad privada, lo que
rompe con la esencia del sistema estalinista y totalitario existente en
el país, que todo lo supedita a la acción del Estado.

Sin embargo, cualquiera que haya estudiado con detalle la evolución de
la economía cubana en los últimos 51 años sabe que estos períodos de
apertura a la actividad privada suelen ser cíclicos y recurrentes, y
vienen motivados por situaciones de grave crisis financiera, en las que
el régimen necesita recursos para prolongar el statu quo. Poco tiempo
después, cuando se recupera la financiación, las autoridades retroceden
al pasado, recentralizan la actividad económica y vuelven a ejercer un
control directo de la producción.

Tal vez no sea éste el lugar para describir cómo este tipo de episodios
se han venido produciendo en distintos momentos del tiempo. Lo más
relevante, tal vez, sea que se manifiesta ahora, justo cuando Venezuela,
el principal financiero del régimen castrista, inicia un proceso
electoral, se encuentra inmersa en una grave crisis económica por las
políticas desarrolladas por su gobierno, y posiblemente ha dado traslado
a los Castro de que no va a poder seguir pagando sus facturas.

El sálvese quien pueda está en el origen de este programa de reformas
iniciado en Cuba, después de un largo debate en el que, aparentemente,
se ha discutido todo, pero del que cuelgan numerosos flecos para hacer
efectivas las medidas que se van a adoptar.

Uno de esos flecos, tal vez el más importante, y por ello, el que
debería servir como punto de partida es el que da título a este
artículo: la relación entre iniciativa privada y propiedad privada.
Porque como los economistas saben, se trata de dos cosas muy distintas.
Y tal y como se exponen las cosas desde Cuba, parece que se quiere
intentar confundir a la opinión pública, a los cubanos y al mundo, en
general, sobre el contenido y alcance de las medidas.

Para empezar, nada se dice sobre la propiedad privada. Y esta no es una
cuestión baladí. Pienso que cualquier cambio en la economía cubana
debería sustentarse en una reordenación en profundidad del actual marco
del sistema de derechos de propiedad creado tras el triunfo
revolucionario de 1959 y acrecentado tras las expropiaciones de 1967.
Sin propiedad privada, es difícil cambiar las cosas en Cuba. Los cubanos
tienen que tener el derecho legítimo a la propiedad. No tiene
justificación que los extranjeros puedan comprar y traspasar activos en
Cuba, mientras que a los nacionales no se les permita este derecho.

La propiedad otorga a quién la posee una seguridad jurídica frente al
poder coercitivo del estado, le permite prestar y tomar prestado para
poner en marcha actividades que le permitan acumular y hacer crecer el
valor de su riqueza. La propiedad es fundamental para el crecimiento
económico, el desarrollo y el bienestar. No le damos la suficiente
importancia, pero la tiene. Sin propiedad privada, la actividad
económica se resiente, flaquea y se convierte en dependiente de las
decisiones políticas de cada momento.

Las medidas anunciadas por el castrismo apuestan por la iniciativa
privada. Es decir, manteniendo la actual estructura de propiedad de
activos físicos del país, se fomentan una serie de actividades en
sectores muy concretos para que se desarrollen por individuos privados,
bajo la fórmula del arrendamiento, de cooperativas, de pequeños
negocios, etc, pero siempre, con la propiedad final del estado, el único
poseedor de los elementos que determinan la acumulación de renta y la
creación de riqueza.

La actividad privada desarrollada en propiedad pública es una fórmula de
gestión administrativa bien conocida en el mundo occidental, que ofrece
muy buenos resultados para las dos partes del proceso. Sin embargo, para
que eso suceda, es necesario que previamente, se consolide un sistema de
derechos de propiedad que sitúe claramente los límites de los dos
elementos de la relación, la empresa y el estado. En Cuba, esto no se ha
producido, y mucho me temo, no se producirá durante el régimen castrista.

Los hermanos Castro, que rechazan cualquier cambio en la estructura de
la propiedad, pretenden mejorar la eficiencia de la improductiva
economía estalinista cubana cediendo parcelas a la actividad ejercida
por los individuos privados, sometiéndola a un riguroso control y a una
carga impositiva, ya se habla de un 40% en concepto de seguridad social,
que hará inviables muchos negocios.

No se va a facilitar la acumulación, que es necesaria para alcanzar
economías de escala y mejorar los precios y calidades de los productos y
servicios, porque ello supondría permitir la aparición de un rival que
en cualquier momento puede plantar cara al poder político y exigir más
cambios. No van a permitir la concentración ni la fusión de las nuevas
iniciativas privadas, porque el objetivo es que sirvan a los intereses
del estado, y no lo contrario.

Hace mucho tiempo escribí que el punto de partida de la transición
económica en Cuba, con un sistema político democrático y plural, debería
ser una discusión en profundidad sobre las dimensiones que debe tener la
actividad estatal en ese nuevo sistema democrático.

Actualmente, en Cuba el estado es el dueño de la práctica totalidad de
la propiedad existente en el país, y su producción, según las cuentas
nacionales, rebasa ampliamente la mitad del PIB de la economía.
Porcentajes de esta magnitud no se presentan ni en las avanzadas
sociedades de Escandinavia, que han emprendido en las últimas décadas
reformas en profundidad para aumentar la actividad privada.

Una economía pobre e ineficiente como la cubana, no se puede permitir
esos porcentajes, y por ello, hay que ir en la línea de devolver a los
cubanos el capital productivo y los activos confiscados titularidad del
estado, para situarlos en manos privadas y facilitar su gestión por la
iniciativa privada. Este tipo de decisiones son fundamentales para que
todo salga bien. En caso contrario, las reformas van dirigidas a un
absoluto fracaso.

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=29856

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