Cuba Derechos Humanos

Agotar las vías legales

Agotar las vías legales
Martes 14 de Septiembre de 2010 23:45 Laritza Diversent, La Habana

Desde hace meses, la Aduana Postal y Envíos (APE), entidad perteneciente
a la Aduana General de la República (AGR), ha incrementado sus acciones
ofensivas contra disidentes a quienes les aplica sanciones de decomiso
sobre envíos precedentes del exterior. Personalmente, en menos de dos
meses, la entidad estatal me ha impuesto la medida en dos ocasiones.

Los días 13 de julio y de agosto del presente año, el órgano
perteneciente a la Administración Central del Estado me notificó, a
través del servicio de Correos de Cuba, las resoluciones y el listado de
artículos decomisados.

La primera, Resolución de Decomiso No 978 del 8 de junio, estaba firmada
por Raimundo Pérez García, Inspector de Control de Aduana. La segunda,
Resolución de Decomiso No 1209 de 29 de julio, rubricada por el agente
aduanal del mismo cargo, Danny Samada Rivero.

En ambas disposiciones, Pérez García y Samada Rivero disponen la
incautación al detectar, en la inspección física del envío, que su
contenido atentaba contra los intereses generales de la nación. Ambos
agentes se ampararon en la Resolución No 5-96, del Jefe de la AGR, para
justiciar legalmente las medidas.

La Resolución No. 5 de la AGR, vigente desde 1996 y dictada por el
General de Brigada Pedro Ramón Pupo Pérez, permite la aplicación en el
territorio nacional del convenio internacional sobre la represión de la
circulación y el tráfico de publicaciones obscenas. Dispone, además, que
los productos decomisados se entreguen al organismo correspondiente del
Ministerio del Interior.

Los inspectores de Control de Aduana, sin embargo, omitieron explicar en
qué modo afectaban los artículos importados los intereses generales de
la nación. La mayoría —productos de aseo, sanitario y de oficina, de uso
generalizado, doméstico y cotidiano— está en venta en los
establecimientos comerciales estatales y en las tiendas recaudadoras de
divisa, dentro del territorio nacional.

Mi caso no es excepcional. Varios disidentes, entre los que se encuentra
la periodista independiente Aini Martin; Yusnaimy Jorge Soca, esposa
del médico y prisionero de conciencia Darcy Ferrer Domínguez; y la
autora del blog Generación Y, Yoani Sánchez, han reportado el decomiso
de envíos por este organismo estatal. La mayoría de ellos, por
desconocimiento de la ley, no han hecho valer sus derechos, cuando
legalmente se puede apelar la arbitraria decisión de la APE.

Demandas y recursos

A finales de julio, interpuse recurso de apelación ante el jefe de
Aduana Postal y Envío, solicitando la anulación de la primera resolución
decomiso. Recibí respuesta el pasado 17 de agosto, a través de Correos
de Cuba. Se me notificó la Resolución de Apelación No 231 de 2010, que
declara sin lugar su pretensión.

En la resolución, el funcionario, Raúl Gómez Badía, máxima autoridad del
organismo estatal actuante, considero correcta la medida aplicada por el
inspector aduanal, Raimundo Pérez García. La decisión agota la vía
administrativa y abre la judicial.

Mi próximo paso será interponer una demanda ante la Sala de lo Civil y
de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana
contra la Resolución de Apelación No 231 de 2010, firmada por Raúl Gómez
Badía, jefe de Aduana Postal y Envío, quien consideró correcta la
aplicación de la sanción administrativa de decomiso interpuesta por el
inspector aduanal, Raimundo Pérez García.

En la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (LPCAL)
existen medios para reclamar en la vía judicial contra las disposiciones
de carácter general y las resoluciones de los Organismos de la
Administración Central del Estado que vulneren derechos legalmente
establecidos

Respecto a la segunda sanción de decomiso, interpondré recurso de
apelación ante al Jefe de APE, exigiéndole que declare improcedente la
incautación y declare como arbitraria la decisión del inspector aduanal
Samada Rivero. Si mis pretensiones no son satisfechas, exigiré justicia
ante los tribunales.

Sobran ejemplos en la legislación nacional para afirmar que la
ciudadanía cubana está en una situación de indefensión ante los actos
del gobierno. La Resolución aduanal 5/96 incluye los intereses generales
de la nación; pero no define cuáles protege. Se trata de una generalidad
que permite a las autoridades interpretar y aplicar las disposiciones
legales de acuerdo a sus intereses políticos.

Un ejemplo de que no todos somos iguales ante la ley. Disentir puede
traer como consecuencia que el Estado te aplique de forma ilegal sus
normas, las que utiliza como un medio para reprimir y asfixiar a sus
oponentes. Sin embargo, no es suficiente denunciar. Es necesario agotar
los recursos legales, para de alguna manera enfrentar y demostrar el
exceso de poder de la administración castrista.

http://www.diariodecuba.net/cuba/81-cuba/3211-agotar-las-vias-legales-.html

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