Cuba Derechos Humanos

Sin acceso a la justicia

Sin acceso a la justicia
Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, junio (www.cubanet.org) – Alguien deslizó un papel
debajo de la puerta. El oficial Vladimir Acanda exige a Olga Lidia
Ramírez, por medio de citación oficial, presentarse para una entrevista
en Villa Maristas. La mujer estaba preocupada y sorprendida. El lugar es
sede de la Seguridad del Estado, en Ciudad de La Habana.

Lo que en principio sería una conversación, se convirtió en un
interrogatorio de 10 horas. "Al final de la tarde, totalmente perturbada
y medicamentada, firmé mi declaración sin saber que firmaba mi
sentencia", argumenta Olga Lidia. Ella no leyó su testimonio, tampoco lo
hizo el instructor de su caso.

Ramírez nunca había sido interrogada. Desconocía que la Ley de
Procedimiento Penal establece que, cuando la declaración de un acusado o
testigo se consigna por escrito, el hombre o la mujer tienen derecho a
leerla, o en su lugar, el oficial actuante está obligado a hacerlo.

Salió del lugar con la orientación de incorporarse nuevamente a su
trabajo, como secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la
capital. Allí la esperaba una resolución que le imponía la separación
definitiva de su centro laboral. En ese momento se enteró, de boca de su
director, que estaba acusada de tráfico de personas.

El Instructor penal, Acanda, omitió decirle, tal como manda la ley, que
se había iniciado un proceso penal en su contra. Tampoco la instruyó de
su derecho a prestar declaración. Hasta hoy, Ramírez ignora quién la acusó.

Así comienza la historia que, en el año 2009, llevó a esta mujer a
enfrentar un juicio en el que resultó sancionada a siete años de
privación de libertad, por atentar contra el normal tráfico migratorio.

Según la sentencia No 111/09, ella organizó, por medio de correos
electrónicos, la salida ilegal de peloteros de los equipos Industriales
y Metropolitanos. El fallo fue ratificado por la sala de casación del
Tribunal Supremo. Su causa no tiene posibilidad de ser recurrida.

Según la resolución judicial, los jugadores Estayle Manuel Hernández
Apesteñis, Reynaldo Fajardo Véliz, Jhoyce su Casella, Reinier Roll
Valdés-Basante, Yasmany Torres y Alexei Gill Pérez, fueron contactados
"en los terrenos deportivos o en lugares previamente acordados". Allí se
les propuso abandonar el país para jugar en las ligas profesionales,
"donde recibirían jugosos contratos por su desempeño".

El Código Penal cubano castiga con privación de libertad al que, sin
estar facultado para ello y con ánimo de lucro, organice o promueva la
salida del territorio nacional de personas que se encuentren en él, con
destino a otros países.

La fuga sería en una lancha rápida a un país intermedio. Sin embargo,
la sentencia no específica cuál. El destino final sería Estados Unidos.
Supuestamente, Olga Lidia abandonaría la isla junto a los deportistas.

El Tribunal formó convicción de los hechos declarados probados, por la
confesión del jugador Reinaldo Fajardo, quien manifestó que Ramírez, por
vía telefónica, le propuso salir del país por vía marítima, en una
embarcación que llegaría a Cuba por esos días.

La declaración del mayor de la Seguridad del Estado, Vladimir Acanda,
fue también determinarte para el Tribunal Provincial de Ciudad Habana.
El oficial corroboró y confirmó que la acusada, en la fase
investigativa, reconoció su participación en los hechos. Ramírez alega
que le negaron dos veces la oportunidad de cambiar su primera
declaración, derecho reconocido en la Ley procesal.

"Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del
acusado, la sola declaración de las personas no dispensará de la
obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de
los hechos". Así reza el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal. En
este caso, intrascendente para los jueces.

La resolución judicial argumenta que, el contacto de Olga Lidia en el
exterior, era Franklin García, ciudadano venezolano vinculado a agentes
del deporte profesional. Ambos se comunicaban por correos electrónicos.
Durante el proceso investigativo, la correspondencia fue ocupada y
apreciada como una prueba.

García viajó en varias ocasiones al país y estaba interesado en
jugadores de beisbol que querían emigrar. Según exponen los jueces, la
comunicación entre él y Ramírez no era clara y precisa. Asumieron que,
por el tipo de información, era lógico que tuviera que ponerse en otro
contexto y de una forma figurada, para evitar ser entendida por un tercero.

La comunicación fue determinante para que el tribunal. Después de saber
las intenciones de la acusada, los jueces se convencieron de su
culpabilidad. Ella se declaraba inocente. Contrató, en el bufete
colectivo de Centro Habana, los servicios del abogado Máximo Averoff.
Confió en él cuando le dijo que no hablara en el juicio. El letrado, sin
consultarle, la hizo responsable con respecto a un delito de salida
ilegal del país.

Ramírez no se resigna a ser castigada por un delito que no cometió.
Jamás pasó por su mente traficar con personas ni aventurarse en una
lancha para huir del país. La idea de sufrir prisión la llevó a atentar
contra su vida. Sus expectativas cambiaron. Busca agotar las vías
legales posibles para demostrar su inocencia, pero el silencio de las
autoridades le impide invocar nuevamente al Tribunal Supremo.

Interpuso un recurso de queja contra los oficiales que la atendieron. La
contestación le daba la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar
el maltrato psicológico y la manipulación a la que fue sometida. En una
oficina leyeron la respuesta pero no le dieron copia por escrito de la
misma.

Contra el abogado presentó reclamación ante la Organización Nacional de
Bufete Colectivo (ONBC) por incumplimiento del contrato. Al jurista lo
sancionaron administrativamente. Trabajó por seis meses como mensajero
de su centro. La respuesta escrita de la institución es la prueba de su
indefensión en el juicio y causa para la revisión del caso por el tribunal.

El bufete colectivo Salvador Allende, sin embargo, tiene orden de no
darle respuesta por escrito. Recientemente interpuso reclamación contra
la institución ante el Ministerio de Justicia. Aun espera la respuesta
que le dé la posibilidad de demostrar su inocencia.

http://www.cubanet.org/CNews/y2010/junio2010/09_C_3.html

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