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Disidencia y oposición

Disidencia y oposición
Sábado 17 de Abril de 2010 06:50 Rafael Rojas, México D.F.

De izquierda a derecha, el Ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez; el
Ministro de Cultura, Abel Prieto; el escritor Miguel Barnet, Presidente
de la UNEAC; y Ricardo Alarcón, Presidente de la Asamblea Nacional. (AP)
El debate sobre la muerte de Orlando Zapata ha reinstalado el tema de la
disidencia y la oposición en Cuba. Defensores y críticos del gobierno
han vuelto a insistir en las diferencias entre ambos conceptos. Los
"disidentes", dicen, eran aquellos intelectuales y políticos de los años
60 y 70 que, sin dejar de definirse como "socialistas", proponían una
reforma de los comunismos de la Unión Soviética, Europa del Este, China
o Cuba. Los opositores, en cambio, son quienes se colocan fuera del
sistema e impulsan, no una reforma, sino una transformación del régimen.

Es cierto, como sostienen unos y otros, que los principales líderes y
organizaciones de la actual "disidencia interna" son, en realidad,
miembros de una oposición política. También es cierto que, a excepción
de las Damas de Blanco y algunos otros movimientos menos conocidos, esos
líderes y esas organizaciones, aún aquellos que se ocupan de monitorear
y denunciar la violación de los derechos humanos en la isla, ya no
corresponden tanto a entidades tradicionales de la sociedad civil y
pueden ser considerados actores de una sociedad política emergente. La
fijeza que aún posee el término "disidencia" en la opinión pública
internacional tiene que ver con que, en Cuba, subsiste un orden
totalitario comunista, donde la oposición es ilegal y punible.

En efecto, los artículos 53 y 54 de la actual Constitución cubana
establecen que los ciudadanos deben practicar sus "derechos de reunión,
manifestación y asociación" y la "libertad de palabra y prensa" dentro
de las instituciones del Estado o a través de los medios oficiales de
comunicación. El artículo 62 señala, además, que ninguno de esos
derechos puede ser "ejercido contra la existencia y fines del Estado
socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el
socialismo y el comunismo" y cierra con una advertencia: "la infracción
de este principio es punible". Por si fuera poco, en 2002, se agregó a
la Constitución un nuevo artículo que afirma el carácter "irrevocable"
del socialismo cubano, en respuesta a la iniciativa ciudadana de reforma
constitucional, emprendida por el Proyecto Varela.

Cuando ese sistema fue diseñado, en la primera mitad de los años 70, la
justificación del mismo no apelaba tanto a la amenaza externa, limitada
por la alianza con la URSS, como a la certidumbre ideológica de que el
modo comunista de organización social era superior al democrático que
predominaba en Occidente. Con la Ley 88 de 1999, concebida como antídoto
de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en
1996, la justificación del carácter ilegal y punible de la oposición se
desplazó al argumento defensivo. Según este dispositivo jurídico, que ha
normado la represión política en la última década, cualquier ejercicio
de derechos públicos contra el "socialismo" es, también, un apoyo al
embargo comercial de Estados Unidos, medida que, no obstante, rechazan
varios opositores.

De manera que, en Cuba, asociarse al margen de las instituciones del
Estado o expresar críticas al gobierno en medios alternativos se
convierten en actos "políticos", más que "civiles", por dos razones muy
simples: las formas de autonomía toleradas por el sistema son mínimas y
la oposición pacífica a instituciones y líderes del régimen es,
constitucionalmente, un acto antinacional . Al catalogar como
"enemigos", "mercenarios", "traidores" o "delincuentes" a quienes
practican esas oposiciones, reciban o no dinero del exterior, el propio
gobierno contribuye a la politización de los mismos ya que los coloca
bajo un estigma, contra el cual la identidad opositora se afirma. Si
antes de ser estigmatizado, un bloguero, un periodista o un intelectual
se cuidaba de no cuestionar frontalmente a Fidel, Raúl o el Partido
Comunista, y se mantenía al margen de grupos opositores, luego de serlo,
cruza la línea que separa la disidencia de la oposición.
Raúl Castro. (AP)

Raúl Castro. (AP)

Aún así, en Cuba existe un importante sector social más interesado en
una disidencia "socialista" que en una oposición "anticastrista". Más
allá de los miedos o las inercias, no se debe descartar que, al igual
que en la Unión Soviética y Europa del Este, subsista allí un segmento
que se asume socialista y que desea cambiar más cosas que las que quiere
preservar. La certeza que tienen todos los actores políticos cubanos,
sin excluir la línea dura del partido y el gobierno, de que se acerca un
fin de régimen, hace del presente un campo de batalla del pasado y el
futuro. Mucho de lo que hoy se debate dentro y fuera de la isla tiene
que ver con la memoria de antiguos compromisos y con las posibilidades
que cada actor visualiza luego del cambio de régimen. Las élites del
poder lo saben y atizan tensiones entre reformistas y opositores, con el
fin de poner a los primeros contra los segundos. No pocas veces estos
últimos llegan a la pureza ideológica y reprochan a los primeros su
moderación.

Cuando un periodista, un escritor o un artista de la isla declara que
hay que hacer cambios, pero "dentro" de la Revolución o el socialismo,
intenta hacer visibles las fronteras que lo separan de la ortodoxia y,
también, de la oposición. El grosor de esas fronteras, sin embargo,
depende de lo que cada quien entienda por "revolución" o "socialismo"
—los aperturistas definen estos conceptos desde lo mínimo y los
inmovilistas desde lo máximo. Pero no pocos críticos cubanos, sean
reformistas u opositores, piensan que los cambios deben incluir una
ampliación de los derechos de asociación, expresión y movimiento y la
libertad de los presos políticos. El gobierno, sin embargo, es
consciente de que cualquier gesto en ese sentido precipitaría la
transición democrática, al dotar de legalidad a la oposición, deslindar
la sociedad civil del Estado y abrir la esfera pública del país.

Frente a la disidencia socialista y a la oposición democrática, se
coloca una franja de "reformistas" oficiales, subordinada al Partido
Comunista, que antepone la autorización del debate al debate mismo. Para
ellos lo importante es que quien debata esté autorizado políticamente
por alguna institución del propio gobierno. No es raro que esos
oficialistas de la "reforma" y el "cambio", con acceso tanto a la
opinión pública insular como a la internacional, sean, precisamente,
quienes más apelan al argumento de que los opositores son "mercenarios"
y "marionetas" del "imperio". Al negar la autonomía de la oposición,
esos "reformistas" legitiman su propia dependencia de las directrices
del Partido Comunista, la Seguridad del Estado o alguno de los
ministerios involucrados en la propaganda oficial.

El hecho de que el discurso del "cambio" quiera ser capitalizado por
todos los actores del proceso cubano, incluso por aquellos decididos a
mantener el statu quo el mayor tiempo posible, es revelador de una
generalizada sensación de fin de régimen. Lo peor que podría pasar, en
un momento así, es que las múltiples zonas de contacto y entendimiento
que existen entre la disidencia y la oposición, o entre reformistas y
adversarios del totalitarismo cubano, se envicien y malgasten en una
lucha por la memoria de unos y otros o por el poder sobre la transición,
antes de la transición misma. Esa es, precisamente, la apuesta de los
inmovilistas: que el pasado y el futuro se atraviesen en el presente y
obstruyan el cambio.

http://www.diariodecuba.net/opinion/58-opinion/1226-disidencia-y-oposicion.html

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